Los ataques contra la educación en Colombia afectaron a cerca de 50.000 estudiantes, docentes y personal de las escuelas entre enero de 2022 y enero de 2024, según datos recopilados por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Las cifras de NRC abarcan 17 de los 32 departamentos (regiones administrativas) de Colombia, lo que sugiere que el número real de personas afectadas podría ser significativamente mayor.
Las escuelas de las zonas rurales, que deberían ser santuarios, se han convertido en escenarios de violencia y terror. El fuego cruzado, las minas antipersonal, el reclutamiento forzado dentro de las escuelas y el uso de las instalaciones educativas por parte de actores armados están robando futuros y postergando los sueños de miles de niñas y niños.
En Colombia, las escuelas atrapadas en el fuego cruzado se convierten en escudos y trincheras a menudo. Grupos armados rodean las escuelas, entran con armas e incluso las utilizan como bases o puestos de combate. Lo que pone en peligro a estudiantes, docentes y personal, daña la infraestructura e interrumpe la educación.
“Grupos armados fuerzan la puerta de la escuela y entran a dormir. Viven permanentemente en la escuela y se hacen dueños de ella”, explicó un docente a NRC.
En las zonas rurales, algunas escuelas que carecen de señalización o cerramiento izan banderas blancas en una petición desesperada de respeto como lugares de paz y educación.
Mientras que para muchas niñas y niños de todo el mundo ir a la escuela es rutina, para las niñas y niños de Colombia puede ser un viaje peligroso. A principios de 2024, dos niños fueron asesinados de camino a su escuela por supuestamente desobedecer las restricciones de movimiento impuestas por un grupo armado en el sur del país.
Los estudiantes se enfrentan al riesgo del reclutamiento, la amenaza constante de fuego cruzado y el miedo a los artefactos explosivos a lo largo de sus rutas. Los docentes y el personal de las escuelas se enfrentan a estos mismos peligros, más carga añadida de cumplir con las reglas y amenazas de los grupos armados.
“Cuando voy y vengo de la escuela, tengo que moverme sin casco y conducir mi moto a una velocidad no superior a 10 km/h. Estas son las reglas de los grupos armados” dijo un docente a NRC.
En Colombia, las aulas de las zonas rurales se han convertido en un campo de batalla en el que los estudiantes sufren el devastador impacto de los ataques contra la educación. Los datos de NRC de 2022 a 2025 revelan que los estudiantes representan más del 90% de los afectados.
Las niñas y niños se ven atrapados en el fuego cruzado: heridos, obligados a huir de sus hogares, a esconderse debajo de los escritorios para protegerse o lo que es más terrible, cambiar los libros por armas al ser reclutados por los grupos armados.
“Los estudiantes en mi escuela son los que más se ven obligados a ‘alimentar’ las filas de los grupos armados” reveló un docente, subrayando la magnitud de la crisis de reclutamiento en algunas zonas de Colombia. Estos ataques dejan cicatrices profundas, no solo poniendo en peligro la vida de las niñas y niños, sino también afectando profundamente su salud mental y bienestar emocional.
Los ataques contra la educación roban a las niñas y niños en Colombia un tiempo precioso de aprendizaje, obligándolos a abandonar la escuela durante días, semanas e incluso meses. Cuando ir a la escuela significa arriesgar sus vidas, los estudiantes terminan atrapados en casa y para muchos, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales y remotas, el aprendizaje virtual no es una opción.
La falta de internet, electricidad, computadores y teléfonos crea una barrera que aleja a las niñas y niños de la educación. Esto provoca vacíos en su aprendizaje, dificultades para ponerse al día y la realidad, demasiado frecuente, del abandono escolar.
Las consecuencias de los ataques contra la educación en Colombia son devastadoras.
Según datos de NRC de 2022 a 2025, el 90 por ciento de los ataques contra la educación reportados requieren acciones de seguimiento, como garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, ofrecer primeros auxilios psicológicos, educación sobre el riesgo de minas y reparación de la infraestructura escolar.
Más allá de abordar estas situaciones inmediatas, se necesitan urgentemente otras medidas:
Proteger aulas seguras y el derecho a la educación es responsabilidad de todos y una inversión crucial en el futuro de Colombia.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) monitorea los ataques contra la educación en sus áreas de operación en Colombia, centrándose en los incidentes que violan la Declaración de Escuelas Seguras. Los siguientes datos reflejan los hallazgos de NRC:
NRC monitorea los ataques contra las escuelas, estudiantes, docentes y otro personal de las escuelas, el uso de artefactos explosivos (minas, municiones y restos explosivos de guerra) y el uso u ocupación militar de escuelas.
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