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Alrededor de 5.177.711 personas en Colombia tienen necesidades de asistencia humanitaria que demandan atención y respuesta intersectorial por la persistencia de emergencias a causa del conflicto armado, las nuevas dinámicas de la violencia, afectaciones por eventos naturales cíclicos y antrópicos y el flujo de migrantes mixtos provenientes de Venezuela.
Muestra la situación de los desplazamientos masivos y confinamientos en el año 2019.
Este informe proporciona una explicación descriptiva sobre los hallazgos de las actividades de monitoreo de protección llevadas a cabo por el ACNUR y sus socios de enero a junio de 2019.
Acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Este documento proporciona la comprensión compartida de la crisis por parte del Equipo Humanitario de País y el Grupo Interangencial de Flujos Mixtos Migratorios, incluida la necesidad humanitaria más urgente y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de evidencia consolidada y ayuda a planificar conjuntamente la respuesta estratégica.
Muestra la situación de los desplazamientos masivos y confinamientos en el año 2019.
Este documento proporciona la comprensión compartida de la crisis por parte del Equipo Humanitario de País, incluida la necesidad humanitaria más urgente y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de evidencia consolidada y ayuda a planificar conjuntamente la respuesta estratégica.
La frontera regularmente se define como ese límite geográfico trazado para delimitar el alcance de los esfuerzos estatales; ese lo imaginario hasta donde deben llegar las autoridades públicas con el objetivo de garantizar a todas las personas su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades reconocidos por la Constitución.
Nacidas tras la guerra civil e impulsadas por las deportaciones masivas desde EE.UU., las maras centroamericanas son responsables de actos de violencia brutal, abusos crónicos de mujeres y, más recientemente, el desplazamiento forzado de niños y fa- milias. Con un número estimado de 54.000 personas en los tres países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– sus miembros, jóvenes tatuados según el estereotipo popular, son una de las principales fuentes de ansiedad pública en la región. Si bien no son los únicos grupos que se dedican a la violencia criminal, las maras han contribuido a elevar las tasas de homicidio en Centroamérica hasta nive- les sin igual en el mundo: cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador, el número de homicidios se redujo a la mitad de la noche a la mañana. Pero lo que constituye el sustento criminal de las maras, y su negocio ilegal más extendido, es la extorsión.
Human Rights Watch analizó el alcance y el impacto de esta crisis a través de investigaciones realizadas en el terreno en seis estados y en la capital del país, Caracas, en junio de 2016, y posteriores entrevistas por vía telefónica y otros medios. Visitamos hospitales públicos y distintos lugares donde personas formaban la para comprar alimentos sujetos a los controles de precios impuestos por el gobierno1. Entrevistamos a más de 100 personas, entre ellos médicos, enfermeras, personas que intentaban obtener asistencia médica o alimentos sujetos a control de precios, personas que habían sido detenidas en relación con protestas