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Informe que muestra los resultados de la evaluacion realizada sobre la migración venezolana en Colombia, Puesto de control migratorio de La Parada.
Alrededor de 5.177.711 personas en Colombia tienen necesidades de asistencia humanitaria que demandan atención y respuesta intersectorial por la persistencia de emergencias a causa del conflicto armado, las nuevas dinámicas de la violencia, afectaciones por eventos naturales cíclicos y antrópicos y el flujo de migrantes mixtos provenientes de Venezuela.
Muestra la situación de los desplazamientos masivos y confinamientos en el año 2019.
Este informe proporciona una explicación descriptiva sobre los hallazgos de las actividades de monitoreo de protección llevadas a cabo por el ACNUR y sus socios de enero a junio de 2019.
Acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Este documento proporciona la comprensión compartida de la crisis por parte del Equipo Humanitario de País y el Grupo Interangencial de Flujos Mixtos Migratorios, incluida la necesidad humanitaria más urgente y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de evidencia consolidada y ayuda a planificar conjuntamente la respuesta estratégica.
Muestra la situación de los desplazamientos masivos y confinamientos en el año 2019.
Este documento proporciona la comprensión compartida de la crisis por parte del Equipo Humanitario de País, incluida la necesidad humanitaria más urgente y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de evidencia consolidada y ayuda a planificar conjuntamente la respuesta estratégica.
La frontera regularmente se define como ese límite geográfico trazado para delimitar el alcance de los esfuerzos estatales; ese lo imaginario hasta donde deben llegar las autoridades públicas con el objetivo de garantizar a todas las personas su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades reconocidos por la Constitución.
Nacidas tras la guerra civil e impulsadas por las deportaciones masivas desde EE.UU., las maras centroamericanas son responsables de actos de violencia brutal, abusos crónicos de mujeres y, más recientemente, el desplazamiento forzado de niños y fa- milias. Con un número estimado de 54.000 personas en los tres países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– sus miembros, jóvenes tatuados según el estereotipo popular, son una de las principales fuentes de ansiedad pública en la región. Si bien no son los únicos grupos que se dedican a la violencia criminal, las maras han contribuido a elevar las tasas de homicidio en Centroamérica hasta nive- les sin igual en el mundo: cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador, el número de homicidios se redujo a la mitad de la noche a la mañana. Pero lo que constituye el sustento criminal de las maras, y su negocio ilegal más extendido, es la extorsión.