“La reactivación de los enfrentamientos entre grupos armados organizados en el nororiente de Colombia ha obligado a miles de civiles a huir de sus hogares, agravando una crisis humanitaria que se ha prolongado por décadas. Para aliviar el sufrimiento de la población civil, tres aspectos son clave: la implementación de las recomendaciones del sistema de alertas tempranas, el acceso humanitario sin impedimentos y la financiación humanitaria en el país.
En primer lugar, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que indican los riesgos inminentes para la población civil en medio del conflicto armado, deberían ser la columna vertebral de la planificación de todos los niveles de Gobierno en Colombia. La reciente crisis del Catatumbo ya había sido señalada por el sistema de alertas, aun así, hoy miles de personas han huido de sus hogares y decenas han muerto. Fallar en la respuesta a estas alertas perpetúa la vulnerabilidad de los civiles y debilita los esfuerzos para prevenir los peores impactos del conflicto. Según las alertas tempranas, el número de personas obligadas a huir de sus hogares podría seguir aumentando en el nororiente de Colombia; actualmente, los civiles de los municipios de Convención y Hacarí continúan en riesgo de desplazamiento.
Por otro lado, cuando miles de personas se ven obligadas a huir de sus hogares y cientos no pueden movilizarse libremente en sus territorios debido a la violencia, el acceso de la ayuda humanitaria es vital. La población de esta región ha exigido más presencia y apoyo del Gobierno y de la comunidad internacional para garantizar su seguridad y el acceso a la ayuda de emergencia. Sin embargo, el acceso humanitario se ha visto restringido por los grupos armados organizados. Esto ha dejado a la población con la sensación de que sus necesidades están siendo desatendidas. Es esencial que todas las partes del conflicto faciliten el acceso a la ayuda y a los actores humanitarios para aliviar el sufrimiento de los civiles.
Además, la respuesta humanitaria binacional también es crucial. La vecina Venezuela ha informado de la asistencia a más de 800 personas desplazadas. Las autoridades han establecido puntos de asistencia humanitaria en los estados fronterizos de Zulia y Táchira.
Por último, es necesario que el Gobierno tanto nacional como local proporcionen fondos suficientes y garanticen la presencia institucional en las zonas rurales para prevenir daños, asegurar la asistencia humanitaria y garantizar soluciones a largo plazo para las personas afectadas por el conflicto. Teniendo en cuenta que la situación ya ha desbordado capacidades del Gobierno, la comunidad internacional debe hacer mucho más para seguir complementando la respuesta y proporcionar financiación humanitaria adicional que es vital para aliviar el sufrimiento de la población.”
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