“La esperanza de paz, que fue tan intensa en mi visita a Colombia hace 10 años, se está desvaneciendo, especialmente en las zonas rurales. Desde entonces, la violencia en Colombia ha alcanzado niveles devastadores, como ocurría antes del acuerdo de paz de 2016. Todas las partes del conflicto deben priorizar urgentemente el fin de la violencia y la protección de las víctimas en los esfuerzos de paz actuales. La oportunidad de restablecer la paz se está esfumando”, afirmó Jan Egeland, Secretario General de NRC, en su visita esta semana a áreas en conflicto del país.
Los grupos armados presentes en las zonas rurales utilizan una serie de tácticas para imponerse y controlar la vida de las personas, entre ellas, les impiden a la población salir de sus comunidades, una situación conocida como “confinamiento“.
En el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones, las minas antipersonal y el fuego cruzado han prevenido a casi 65.000 personas a salir de las áreas donde están confinadas. En comparación con el año anterior, la expansión de los grupos armados no estatales y los enfrentamientos armados han provocado un incremento del 20% en el número de personas confinadas en 2024, convirtiendo a las víctimas del conflicto en “invisibles” e imposibles de recibir ayuda humanitaria.
Las escuelas se están transformando, cada vez más, en campos de batalla y decenas de miles de niños y niñas han tenido que suspender su educación debido al conflicto armado. Desde enero de 2022, casi 30.000 estudiantes han sido afectados por la violencia armada. Esto incluye ataques directos e indirectos contra escuelas, la ocupación o utilización de escuelas por parte de grupos armados y el reclutamiento forzado de menores de edad. Las autoridades nacionales y locales deben hacer todo lo posible por cumplir su compromiso de garantizar que las escuelas sean seguras.
“Las familias con las que me reuní esta semana me hablaron de lo difícil que les parece vivir en paz ahora que los actores armados dominan cada vez más sus vidas. Aunque el gobierno de Colombia ha hecho mucho por promover la paz y asistir a las víctimas del conflicto, lo que he visto resalta las extraordinarias amenazas a las que las comunidades aún se enfrentan por parte de los actores armados, en medio de una desesperada necesidad de estabilidad”, afirmó Egeland.
Colombia sigue estando en la lista de los cuatro países con mayor número de desplazados internos. A finales de 2023, alrededor de 5,1 millones de personas estaban desplazadas internamente como consecuencia del conflicto y la violencia en el país sudamericano.
La violencia rampante también está perjudicando a personas refugiadas y migrantes que intentan reconstruir sus vidas o transitar hacia el norte. Un gran número de personas cruzan Colombia en busca de seguridad y oportunidades en Norteamérica o México, a menudo pasando por el tapón del Darién.
“Proteger a las decenas de miles de personas que arriesgan sus vidas cruzando estas rutas migratorias debe ser también una prioridad para el gobierno colombiano y otros gobiernos latinoamericanos que se han comprometido a hacerlo en la Declaración de Cartagena y el próximo Plan de Acción de Chile”, afirmó Egeland.
“La situación humanitaria en Colombia, incluyendo a los refugiados y migrantes, requiere un incremento en la financiación de los donantes internacionales, tanto para los civiles devastados por el conflicto como para apoyar a los refugiados y migrantes que intentan integrarse aquí. Mientras las necesidades se disparan, se ha reducido la financiación de nuestro trabajo. La magnitud del sufrimiento causado por el conflicto en Colombia es enorme, y los civiles afectados no deben ser olvidados”.
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